Por Redacción Contra Réplica

Justicia de EE. UU. programa para 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Un tribunal federal de Nueva York estableció un calendario preliminar para el proceso penal contra el exmandatario venezolano y su esposa, mientras la defensa prepara una estrategia basada en la inmunidad presidencial.

Un tribunal federal de Nueva York fijó de manera preliminar junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo en Estados Unidos. La decisión fue tomada durante una audiencia de trámite encabezada por el juez Alvin Hellerstein.

Durante la sesión, que tuvo una duración menor a 20 minutos, el juzgador avaló el calendario propuesto por las partes para el intercambio de pruebas y la presentación de recursos legales. La fiscalía entregará primero la evidencia no clasificada y, posteriormente, la documentación reservada, con el objetivo de preparar la etapa previa al juicio.

La defensa de Maduro adelantó que uno de sus principales argumentos será solicitar el reconocimiento de inmunidad presidencial, al sostener que el exmandatario ocupaba la jefatura del Estado venezolano al momento de los hechos que dieron origen al proceso. La resolución sobre este planteamiento podría definir el rumbo del caso antes de que se llegue a la etapa de enjuiciamiento.

Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores comparecieron ante la corte con uniforme penitenciario y permanecieron atentos al desarrollo de la audiencia junto a su equipo legal. Tras concluir la diligencia, sostuvieron una breve conversación con sus abogados antes de retirarse del recinto judicial.

El proceso es considerado uno de los casos de mayor relevancia en la justicia estadounidense contra un exjefe de Estado latinoamericano. Además de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, el expediente mantiene abierto el debate jurídico sobre el alcance de la inmunidad de un mandatario frente a tribunales extranjeros, un aspecto que será determinante en las siguientes etapas del litigio.