En San Luis Potosí, abrir la llave se ha convertido en un acto de fe. Miles de familias esperan agua que no llega, mientras los recibos sí aparecen puntuales y completos. Interapas no enfrenta únicamente una crisis operativa: arrastra una deuda histórica, moral y política con una ciudadanía obligada a pagar por un servicio deficiente, intermitente y, en demasiadas colonias, inexistente.

La falta de agua no es una molestia menor. Significa niños que llegan sin bañarse a la escuela, adultos mayores incapaces de cargar cubetas, madres que deben elegir entre lavar ropa o preparar alimentos y comerciantes que pierden ingresos por no contar con el recurso indispensable para trabajar. El organismo habla de fallas técnicas; la gente vive humillación, incertidumbre y abandono.

Las cifras retratan un fracaso que ya no puede maquillarse. El propio Interapas ha reconocido que 37.28 por ciento de la población del municipio de San Luis Potosí enfrenta escasez cuando dejan de operar las potabilizadoras o falla El Realito. En Soledad de Graciano Sánchez, la afectación alcanza al 40 por ciento. Casi cuatro de cada diez habitantes están expuestos a quedarse sin agua por una infraestructura incapaz de garantizar continuidad.

Todavía resulta más indignante que especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí adviertan que hasta 50 por ciento del agua potable se pierde en fugas. Mientras las familias compran pipas, almacenan agua en tambos y reducen su consumo al mínimo, millones de litros se desperdician bajo calles rotas por una red envejecida y abandonada.

Interapas ha preferido administrar la emergencia en lugar de resolverla. Reparte explicaciones, culpa a El Realito, a la sequía, a fallas eléctricas o al crecimiento urbano, pero rara vez asume que durante años faltaron inversión, planeación, mantenimiento y transparencia. El problema no apareció de un día para otro; fue tolerado, aplazado y normalizado por administraciones que hicieron de la improvisación una política pública.

El organismo reportó ingresos superiores a mil 101 millones de pesos por sus servicios durante 2023. La pregunta es inevitable: ¿dónde están las tuberías renovadas, los pozos rehabilitados y la reducción tangible de fugas? Cobrar sin garantizar agua suficiente debería ser considerado una forma de abuso institucional.

No basta pedirle a la ciudadanía que cuide cada gota cuando la autoridad permite que la mitad se pierda antes de llegar a los hogares. Tampoco sirven campañas, fotografías o anuncios si la llave continúa seca.

El agua es un derecho humano, no una dádiva ni una mercancía reservada para quien puede pagar una pipa. Interapas debe dejar de administrar excusas y comenzar a rendir cuentas. Mientras una familia siga organizando su vida alrededor de una cubeta, su deuda con San Luis Potosí seguirá siendo imperdonable.