San Luis Potosí enfrenta una brecha grave en cuanto a la información disponible sobre cuáles son los delitos cibernéticos que más afectan a la población potosina. 

A pesar de que las autoridades advierten periódicamente sobre los riesgos de algunas prácticas como la compra de vehículos en línea, los fraudes bancarios, las llamadas de extorsión y los secuestros virtuales, estos datos dejan fuera a los alcances de otras transgresiones como violaciones a la intimidad, la filtración de datos personales y la corrupción de menores. 

Fraudes, extorsión y falsificación encabezan las estadísticas 

Según indican los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), en el primer semestre de 2026, la entidad potosina acumuló 1,604 denuncias por delitos contra el patrimonio, como la apropiación ilícita de bienes o la obtención de lucros indebidos que pueden cometerse dentro del entorno virtual. 

De esa estadística, el 91.95% correspondió a fraudes, falta que mantuvo una conducta sostenida -entre los 210 y los 240 casos- durante la primera mitad del año y en abril alcanzó su pico más alto con 341 casos.

La fiscalía general del Estado (FGE) señaló que, al corte de junio, la institución integró alrededor de 100 carpetas de investigación relacionadas con la venta apócrifa de vehículos robados a través de redes sociales. Lo que, a su vez, detonó una serie de operativos y campañas para disuadir a la población de caer en este tipo de transacciones 

Sin embargo, esta modalidad no es la única que preocupa a las autoridades. En el Supremo Tribunal de Justicial Estatal (STJE), son los casos de fraudes bancarios cometidos a través de llamadas telefónicas los que más saturan a los juzgados. 

"La tecnología ya está muy avanzada y por eso no logramos encontrar los orígenes de los fraudes... Normalmente son células" señaló la presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

La titular explicó que la configuración de sentencias está condicionada a las evidencias que presenta la FGE, por lo que existen múltiples dificultades para concluir los procesos.

Además de lo anterior, el reporte federal señala que en el mismo periodo, las investigaciones por extorsión a través de otros medios -como los telefónicos- y sus tentativas, sumaron 129 incidentes.

En cuanto a delitos relacionados con otros bienes jurídicos, la base de datos identifica que la falsificación también fue relevante, con 96 eventos acumulados. Entendiéndose estos, como la acción material de crear un documento falso desde cero o alterar uno verdadero.

La suplantación o usurpación de identidad, por otra parte, registro cero casos.

Cabe señalar que el SESNP no reconoce estrictamente la figura de ciberdelitos, no obstante, registra aquellos que -según los detalles de cada carpeta- pueden cometerse a través de medios digitales.

Con esa restricción, contravenciones como acosos, jaqueos o amenazas específicas quedan sueltas a las interpretaciones de los usuarios.

Los ciberdelitos sexuales abarcan universos muy grandes

Según indica el catálogo estatal de regulaciones, trámites y servicios, cualquier ofensa de la que se tenga sospecha en entornos digitales, debe ser canalizada ante la Policía Cibernética para posteriormente, continuar con el proceso frente a un organismo penal.

En su ficha simplificada de este año, establece que han recibido 3,429 solicitudes, aunque no especifica entre qué fechas ni bajo qué conceptos.

Pese a ello, el Secretariado Ejecutivo recaba que las amenazas están a la orden del día; tan solo en el último mes ocurrieron en promedio 9 incidencias diarias, que nuevamente, no están clasificadas por tipos ni entornos.

Mientras tanto, el acoso sumó 22 casos en todo junio, pero esta información se queda corta. 

Como un antecedente, la Instancia Municipal de las Mujeres en San Luis Potosí reconoció que en la zona centro, el índice de violencia digital contra niñas y adolescentes aumentó en 2025. Lo que derivó en por lo menos, tres acercamientos con la Policía Cibernética. 

Aunque la difusión ilícita de imágenes íntimas es castigada según el Artículo 187 del Código Penal del Estado, las cifras oficiales tampoco la contemplan.

En lo que va del año, Zarazúa Martínez afirmó que permanecen abiertos dos juicios por este motivo en el que ambas víctimas resultaron mujeres.

Finalmente, en el ejercicio de consulta que realizó este medio, no se encontraron estimaciones para otro tipo de casos en los que menores de edad han tenido que ser rescatados de reunirse con adultos desconocidos a quienes conocieron por internet a través de engaños.

La ausencia de datos duros sobre los delitos que asechan la web no solo impide que puedan ser medidos, sino que obstaculiza las medidas y precauciones que los usuarios deben tomar al navegar entre estos portales. Entre ellos, los más vulnerables son los niños y adolescentes a quienes conductas graves como el hacking, el ransomware o el grooming los asechan.