Turismo religioso, turismo comunitario, turismo de naturaleza y turismo médico, son los nuevos conceptos en San Luis Potosí que fueron incorporados a la Ley de Turismo del Estado luego que el Pleno del Congreso aprobara iniciativa promovida por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui.
La reforma aprobada permitirá consolidar un marco jurídico moderno, accesible y coherente con las tendencias actuales del sector turístico, asegurando certeza jurídica para las autoridades, prestadores de servicios, comunidades y visitantes. Asimismo, fortalecerá la coordinación entre órdenes de gobierno, promoverá políticas públicas más eficientes y facilitará modelos de desarrollo turístico sostenibles, competitivos e inclusivos, indicó la promovente que también es presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado.
Dentro de las adecuaciones, fue aprobado sustituir el concepto de “Turismo rural” por el de “Turismo comunitario”, acorde con la evolución conceptual y práctica del turismo a nivel nacional e internacional y con los esfuerzos de las comunidades potosinas para posicionarse como actores centrales en el desarrollo regional.
Puente Bustindui señaló que se incorpora el turismo saludable como categoría jurídica expresa, reconociendo su creciente relevancia, sus beneficios para la salud pública y su potencial para atraer visitantes interesados en experiencias de bienestar integral. La integración de estas definiciones dentro de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí constituye un paso decisivo para fortalecer la competitividad de la entidad, detonar nuevas oportunidades económicas, proteger los ecosistemas, potenciar la participación social y consolidar un modelo de turismo responsable, regenerativo y sostenible.
Añadió que la actualización propuesta tiene como finalidad asegurar que cada potosino y cada visitante cuenten con un marco jurídico accesible, comprensible y justo, que ofrezca certidumbre en la prestación de servicios turísticos, proteja los derechos de los consumidores y fomente la corresponsabilidad de los actores públicos, sociales y privados. Se trata de una legislación que, además de regular, promueve la participación social, impulsa la transparencia y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
