Las personas privadas de la libertad que se encuentran en prisión preventiva y no cuentan con una sentencia condenatoria podrán obtener su credencial para votar y participar en los próximos procesos electorales, como parte de un programa conjunto impulsado por autoridades electorales y de seguridad en San Luis Potosí.
La estrategia será implementada mediante un convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal y la Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social, con el objetivo de llevar el servicio de credencialización directamente a los cinco centros penitenciarios de la entidad.
La encargada de despacho de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, informó que antes de iniciar las jornadas se desarrollará un proceso de capacitación dirigido al personal del sistema penitenciario y de la SSPC que participará en las actividades, con el fin de garantizar que el procedimiento se realice conforme a la normatividad electoral.
Posteriormente, las autoridades elaborarán un padrón para identificar a las personas que cumplen con los requisitos legales para incorporarse al programa. Se prevé que los trabajos de registro y expedición de credenciales comiencen durante la tercera semana de septiembre.
Las autoridades precisaron que el programa contempla una diferencia entre la situación jurídica de la población penitenciaria. En el caso de quienes permanecen sujetos a prisión preventiva, podrán tramitar su credencial para votar y ejercer sus derechos político-electorales, mientras que las personas que ya cuentan con una sentencia definitiva únicamente podrán obtener el documento como identificación oficial.
El titular de la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández, explicó que previamente se realizará una revisión para determinar cuántas personas podrán ser incorporadas al programa, ya que no toda la población recluida reúne las condiciones establecidas para participar.
Indicó que dentro de los centros penitenciarios existen personas con sentencia firme y ciudadanos de otras nacionalidades, por lo que será necesario depurar el listado conforme a los criterios definidos en el convenio.
Las autoridades coincidieron en que esta acción fortalece el respeto a los derechos humanos de las personas que aún no han recibido una sentencia definitiva y representa un paso importante para garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales, además de contribuir a los procesos de reinserción social en el sistema penitenciario estatal.
