Una familia de San Luis Potosí denunció un presunto intento de despojo de una vivienda ubicada en el Centro Histórico de la capital potosina, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer la situación jurídica del inmueble y garantizar la protección de su patrimonio.

Los afectados señalaron que el conflicto comenzó el año pasado, cuando un grupo de personas, originarias del Estado de México, acudió al domicilio asegurando ser el legítimo propietario del inmueble. Según relataron, dichas personas presentaron documentación con la que intentan acreditar la propiedad; sin embargo, la familia sostiene que existen dudas sobre la autenticidad de esos documentos.

Ante esta situación, explicaron que decidieron acudir a las instancias correspondientes para denunciar los hechos y solicitar el inicio de las investigaciones. Indicaron que ya fueron presentadas diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque afirmaron que hasta ahora no han recibido una resolución que brinde certeza sobre el caso ni medidas que garanticen la protección de la vivienda mientras continúan las indagatorias.

La familia manifestó que la incertidumbre provocada por este conflicto les ha generado preocupación, ya que temen perder un patrimonio que aseguran les pertenece de manera legal. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades ministeriales para agilizar las investigaciones, revisar la validez de la documentación presentada por las personas involucradas y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, pidieron que el caso sea atendido con prontitud para evitar que este tipo de conflictos patrimoniales se prolonguen y afecten a otras familias que enfrentan situaciones similares.

Los denunciantes también aprovecharon para exhortar a los propietarios de inmuebles, especialmente aquellos ubicados en el Centro Histórico de San Luis Potosí, a mantener actualizada toda la documentación relacionada con sus propiedades y verificar que sus escrituras y registros estén en orden.

Además, recomendaron reforzar las medidas de seguridad en las viviendas mediante la instalación de sistemas de videovigilancia y reportar de inmediato a las autoridades cualquier intento de ocupación irregular o situación que represente un riesgo para su patrimonio.

Finalmente, solicitaron el respaldo de abogados y especialistas en materia patrimonial que puedan brindarles asesoría legal para dar seguimiento al proceso y defender la propiedad que afirman les pertenece legítimamente.