La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este martes dará a conocer un decreto con el que busca fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información pública generada por el Gobierno Federal, al establecer que únicamente podrá mantenerse reservada aquella relacionada con temas de seguridad nacional o con investigaciones y procesos judiciales que permanezcan abiertos.
La mandataria explicó que, además del decreto, su administración impulsará modificaciones al marco legal para incorporar estos criterios de manera permanente, con el propósito de garantizar que la información gubernamental permanezca disponible para consulta pública bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
Sheinbaum señaló que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es asegurar que las plataformas de transparencia continúen funcionando como herramientas de acceso a la información para la población, siempre respetando la protección de los datos personales de las personas involucradas.
Durante su mensaje, indicó que la información relacionada con asuntos de interés público deberá permanecer abierta, mientras que únicamente se restringirá aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional o interferir con investigaciones judiciales en desarrollo.
La presidenta informó que la explicación detallada del decreto y de la propuesta legislativa estará a cargo de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, así como de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, quienes participarán en la conferencia matutina para exponer los alcances de las nuevas disposiciones.
Este anuncio se produce tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa aprobada en 2025. Con esos cambios, las funciones del organismo fueron redistribuidas entre diversas autoridades y dependencias federales.
En ese contexto, el acceso a la información dentro de la Administración Pública Federal quedó bajo la responsabilidad de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que opera con autonomía técnica y operativa. Asimismo, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro asumió las tareas relacionadas con la protección de datos personales y la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia, desde donde se busca garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a la información pública.
