La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer de manera expresa que el monto máximo de las pensiones otorgadas a exservidores públicos será equivalente al salario de la persona que ocupe la Presidencia de la República. Con esta modificación, el Gobierno federal pretende cerrar cualquier vacío legal en la aplicación de los límites a las llamadas "pensiones doradas".

La mandataria explicó que la reforma aprobada previamente dejó margen para interpretaciones distintas sobre el monto máximo permitido, particularmente en los esquemas de jubilación de organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante esa situación, la Consejería Jurídica recomendó impulsar una precisión constitucional que brinde certeza jurídica tanto a las instituciones como a los beneficiarios.

Sheinbaum sostuvo que la propuesta no representa un cambio de rumbo en la política de contención de privilegios dentro del servicio público. Por el contrario, afirmó que fortalecerá el marco legal para impedir que vuelvan a otorgarse pensiones que superen ampliamente los ingresos del Ejecutivo federal, una práctica que durante años generó críticas por el elevado costo para las finanzas públicas.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de México, las medidas aplicadas para reducir las pensiones de mayor monto ya han generado un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos. La iniciativa será presentada una vez que el Congreso reanude sus sesiones y formará parte del debate sobre el uso de los recursos públicos y los mecanismos para garantizar mayor equidad en las remuneraciones y prestaciones dentro de la administración pública.