La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que modifica los criterios para la publicación de información gubernamental y limita la discrecionalidad con la que las dependencias federales podían clasificar documentos como reservados. La medida, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también será respaldada con una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia que el Ejecutivo enviará al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

El nuevo esquema establece que la reserva de información ya no dependerá de la decisión de funcionarios de cada dependencia, sino de criterios específicos previstos en la normativa. La administración federal busca que la información relacionada con contrataciones públicas, auditorías y el funcionamiento de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea más accesible para la ciudadanía.

Entre los principales cambios destaca la obligación de publicar mensualmente los contratos gubernamentales, en lugar de hacerlo de forma trimestral. Asimismo, se reducirá el número de supuestos que permiten restringir el acceso a documentos oficiales, concentrándolos únicamente en casos vinculados con seguridad nacional o procesos judiciales y administrativos en curso. Incluso en esos escenarios, las autoridades deberán elaborar versiones públicas cuando sea posible.

La Secretaría Anticorrupción señaló que el objetivo es consolidar una política de máxima publicidad y fomentar que estados, municipios y otros poderes adopten estándares similares de transparencia. Con estas acciones, el Gobierno federal busca fortalecer la rendición de cuentas, facilitar el acceso a la información pública y ofrecer mayores herramientas para la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de los recursos públicos.