La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que consiguió concretar la reparación del daño en favor de la familia de un niño de tres años que perdió la vida luego de ser atropellado en el municipio de Catorce.
El accidente ocurrió el pasado 25 de julio en la comunidad de Estación Catorce, donde el menor resultó gravemente lesionado tras ser impactado por un vehículo. Posteriormente, debido a las heridas ocasionadas por el hecho, el niño falleció.
Tras recibir el reporte, el Ministerio Público adscrito a la Delegación Segunda abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes por el delito de homicidio por culpa.
Durante el desarrollo del procedimiento, la Fiscalía identificó la necesidad de proporcionar atención especializada a los familiares, debido a que pertenecen a un pueblo originario y su lengua materna es el tu'un savi.
Con el propósito de garantizar que comprendieran plenamente sus derechos, así como las etapas y alcances del proceso, la institución gestionó el apoyo de una intérprete en coordinación con autoridades del estado de Guerrero.
En estas labores participó Ángela Rojas Toribio, traductora de tu'un savi de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, además de Esther Gómez Pacheco, directora de Derechos Indígenas y Afroamericanos, quien colaboró mediante videollamada.
Los familiares también recibieron acompañamiento de un abogado particular durante las distintas etapas del procedimiento, con lo que se buscó garantizar que contaran con orientación jurídica y pudieran participar de manera informada en las decisiones relacionadas con el caso.
Como resultado de las diligencias realizadas por los agentes fiscales y del diálogo entre las partes involucradas, fue posible alcanzar un acuerdo para la reparación del daño mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias establecidos en la legislación.
La Fiscalía estatal señaló que el proceso se llevó a cabo bajo un enfoque de atención a las víctimas y respeto a sus derechos, procurando que la familia tuviera acceso a información clara y acompañamiento durante el procedimiento.
La institución destacó que estas acciones buscan fortalecer el acceso a la justicia y garantizar que las víctimas y sus familias cuenten con condiciones adecuadas para ejercer sus derechos, particularmente cuando existen barreras lingüísticas o culturales que pueden dificultar su participación en los procesos legales.