Por Redacción Contra Réplica

Primeras resoluciones judiciales avalan medidas de la UNAM en su proceso de admisión 2026

Tribunales federales rechazaron recursos promovidos por aspirantes inconformes con decisiones relacionadas con el examen de ingreso y otros procedimientos académicos.

Las primeras disputas legales derivadas del proceso de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a resolverse en tribunales federales, luego de que tres juzgados determinaran improcedentes diversos amparos presentados por aspirantes.

Las resoluciones corresponden a los juzgados cuarto, sexto y décimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que analizaron recursos relacionados principalmente con la reposición del examen de ingreso a licenciatura y con la solicitud de resultados individuales de las evaluaciones.

En uno de los casos, identificado con el expediente 1430/2026, el juzgado cuarto determinó que existía una causa evidente para desechar la demanda promovida contra autoridades universitarias. Otro recurso, registrado como 1543/2026 ante el juzgado sexto, fue rechazado bajo el argumento de que el juicio de amparo no resulta procedente cuando no se acredita una afectación a intereses jurídicos o legítimos.

Por su parte, el juzgado décimo resolvió sobre el expediente 1587/2026, relacionado con la suspensión de determinados procedimientos dentro del proceso de inscripción y con el examen de control establecido por la institución.

Las controversias también alcanzaron otras disposiciones académicas. Entre los recursos desechados se encuentran impugnaciones contra la decisión de limitar la posibilidad de cursar dos licenciaturas de manera simultánea debido a restricciones de cupo.

Los fallos fueron publicados en los listados del Órgano de Administración Judicial y representan las primeras determinaciones federales conocidas sobre las inconformidades surgidas durante el proceso de ingreso de la UNAM para este año.

Aunque las resoluciones corresponden a casos específicos, los criterios adoptados por los juzgados marcan un precedente inicial frente a los recursos legales promovidos por estudiantes y aspirantes inconformes con las decisiones tomadas por la universidad.