El Congreso del Estado de San Luis Potosí analizará una propuesta para reforzar las sanciones contra quienes incumplan deliberadamente con sus obligaciones alimentarias mediante maniobras destinadas a impedir el cobro de pensiones.

La iniciativa, presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, pretende incorporar al Código Penal estatal nuevas conductas relacionadas con la evasión de responsabilidades. El planteamiento contempla sancionar tanto a los deudores que provoquen intencionalmente su insolvencia como a personas que colaboren para esconder bienes o simular operaciones.

Entre las acciones que podrían considerarse indicios de una estrategia de evasión se encuentran abandonar voluntariamente un empleo estable o solicitar una licencia sin goce de sueldo cuando ese ingreso constituya la principal fuente económica del deudor, siempre que no exista una causa justificada.

La propuesta también contempla consecuencias para quienes transfieran parcial o totalmente sus propiedades durante un proceso judicial o después de una resolución firme, cuando dichas operaciones tengan como finalidad impedir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El proyecto amplía la responsabilidad hacia terceros que, con conocimiento de la situación, participen en estas maniobras. Esto incluye a quienes acepten aparecer como propietarios aparentes de bienes, ayuden a ocultarlos o intervengan en actos jurídicos simulados para dificultar su localización.

De aprobarse, las conductas contempladas podrían castigarse con seis meses a tres años de prisión, además de una multa equivalente a 60 a 300 días del valor de la UMA.

La propuesta busca fortalecer la protección de niñas, niños y demás personas con derecho a recibir alimentos, cerrando posibles vías utilizadas para evadir resoluciones judiciales. El proyecto fue turnado a la Comisión Primera de Justicia, que deberá analizarlo y elaborar el dictamen correspondiente.