Más de 1.6 millones de personas que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos no cuentan con un abogado que las represente, de acuerdo con un análisis del Vera Institute of Justice citado por The Associated Press. La cifra representa alrededor del 52 por ciento de los 3.2 millones de casos pendientes ante los tribunales de inmigración.

La ausencia de defensa legal adquiere mayor relevancia en un escenario marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump. Los cambios en los procedimientos judiciales, las detenciones de migrantes y los tiempos más reducidos para responder a los procesos han elevado la presión sobre quienes deben defender sus casos por cuenta propia.

Los datos también reflejan una diferencia significativa en las posibilidades de permanecer legalmente en el país. Un análisis del Congressional Research Service encontró que 47 por ciento de las personas con representación legal consiguió asilo u otra forma de protección migratoria, mientras que entre quienes acudieron sin abogado la proporción fue de apenas 19 por ciento.

Ante esta situación, organizaciones y abogados voluntarios han desarrollado programas para brindar orientación gratuita a personas que no pueden pagar un representante. En tribunales como el de Sacramento, California, iniciativas de asistencia legal ayudan a revisar documentos, preparar solicitudes y explicar los pasos que deben seguir los migrantes durante sus procedimientos.

La falta de recursos, sin embargo, limita el alcance de estos programas. Además, organizaciones especializadas han advertido sobre largas listas de espera y casos de personas que entregan miles de dólares a supuestos abogados sin recibir los servicios contratados.

El panorama evidencia que la representación legal puede convertirse en un factor determinante para quienes buscan defender su permanencia en Estados Unidos, particularmente mientras los tribunales migratorios enfrentan una creciente carga de casos.