Un nuevo intento por impugnar ante la justicia federal el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue rechazado por un juez, quien determinó que el amparo promovido contra el examen de control presencial resulta improcedente mientras la aspirante no tenga reconocida formalmente la calidad de alumna.
La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, a cargo del juez Ulises Oswaldo Rivera González, quien consideró que existe un criterio obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la autonomía de las universidades públicas para establecer sus requisitos y procedimientos de admisión.
El caso corresponde a Brenda Haydde Balderas García, quien presentó su demanda el pasado 4 de agosto para controvertir la aplicación de una segunda evaluación presencial dentro del proceso de admisión de la UNAM. La aspirante había obtenido un resultado favorable en el examen de ingreso, pero la institución suspendió la siguiente etapa y convocó a los aspirantes a una prueba de control ante las irregularidades detectadas.
De acuerdo con el juzgador, los aspirantes tienen derecho a participar en los procesos de selección bajo las condiciones establecidas por cada institución, pero no adquieren derechos como estudiantes hasta que son formalmente admitidos e inscritos en un programa académico.
Por ello, determinó que la UNAM no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo frente a quienes todavía no concluyen su proceso de ingreso. Incluso si la aplicación del examen de control fuera cuestionable, señaló, la institución aún puede determinar la admisión de la aspirante conforme a sus propios criterios y reglamentos.
La resolución se suma a otros amparos que han sido desechados por juzgados federales ante los recursos promovidos por aspirantes inconformes con la reposición del examen de admisión de la UNAM.
Mientras tanto, otros juzgados administrativos de la Ciudad de México todavía deben resolver si admiten a trámite demandas presentadas por aspirantes que buscan impugnar la cancelación del examen y las nuevas evaluaciones.
