El Senado de la República perfila como una de sus prioridades para el próximo periodo legislativo la aprobación de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, cuyo objetivo será establecer mecanismos para garantizar la libre determinación, autonomía y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, informó que ya comenzaron las asambleas regionales correspondientes al proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Explicó que las opiniones y propuestas recabadas durante este ejercicio serán consideradas en la elaboración del proyecto legislativo, con la intención de que las comunidades participen directamente en la definición de las disposiciones que impactarán su vida colectiva.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa podría beneficiar a más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades en distintas regiones del país.
Entre los temas que contempla la propuesta se encuentran el reconocimiento de los sistemas normativos propios, las formas de elección, la protección del patrimonio cultural, la defensa del territorio y el aprovechamiento de recursos de acuerdo con las decisiones de cada comunidad.
Otro de los puntos relevantes es la posibilidad de que los pueblos ejerzan directamente recursos federales destinados a proyectos comunitarios. Bajo este esquema, serían las propias asambleas las encargadas de determinar las obras y acciones prioritarias, así como de establecer mecanismos para su administración.
Chavira señaló que durante los últimos dos años se han destinado más de 26 mil millones de pesos a infraestructura social básica en comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente para proyectos de agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación.
La senadora agregó que la nueva legislación deberá contemplarse en la discusión del presupuesto federal de 2027, con disposiciones específicas para fortalecer los derechos reconocidos constitucionalmente.
La propuesta pretende establecer un marco jurídico que permita a estas comunidades ejercer plenamente su autonomía, contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de fortalecer su participación en las decisiones de la vida pública nacional.
