El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda federal que busca impedir que su empresa obtenga ingresos mediante un servicio que ofrece a compañías de Wall Street acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social.
La acción legal fue presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa y The Intercept, quienes sostienen que permitir el acceso exclusivo a mensajes presidenciales sobre asuntos como aranceles, conflictos internacionales o decisiones gubernamentales genera un trato desigual frente al resto de los medios y ciudadanos.
El mecanismo, denominado Truth API, fue lanzado recientemente por Trump Media & Technology Group. El servicio permite que suscriptores reciban determinadas publicaciones del mandatario antes de que sean difundidas por otros canales. De acuerdo con la demanda, algunas empresas pueden pagar hasta 100 mil dólares mensuales por este acceso.
Los demandantes argumentan que el esquema podría contravenir disposiciones de la Constitución estadounidense, particularmente principios relacionados con la libertad de expresión y el acceso equitativo a información generada por un presidente en funciones. Por ello, solicitaron que un tribunal ordene suspender tanto el servicio como el acuerdo de exclusividad.
Trump Media rechazó las acusaciones y defendió el modelo comercial. La compañía afirmó que los servicios de acceso mediante interfaces de programación son habituales en la industria y acusó a los demandantes de intentar restringir la difusión de los mensajes del presidente.
La controversia se suma a los cuestionamientos sobre los posibles conflictos entre las actividades empresariales de Trump y su cargo público. Desde su regreso a la Casa Blanca, diversas iniciativas vinculadas con sus negocios han generado críticas de organizaciones dedicadas a la ética gubernamental.
El litigio también llega mientras Trump Media enfrenta dificultades financieras y una fuerte depreciación de sus acciones respecto de los niveles alcanzados tras su salida a bolsa. La demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y también señala como demandados a funcionarios cercanos al presidente.
