El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno declarará la emergencia económica para responder a las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4, que ha dejado 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas y 25 mil 872 familias afectadas.

La medida permitirá al Ejecutivo realizar modificaciones presupuestarias y establecer de manera temporal nuevos gravámenes sin requerir una aprobación previa del Congreso. El mecanismo, contemplado por la Constitución colombiana, podrá mantenerse durante un periodo máximo de 90 días.

Como parte de la respuesta, el gobierno proyecta crear un fondo con recursos nacionales y aportaciones internacionales para financiar las labores de recuperación. Entre las prioridades se encuentran hospitales, escuelas, carreteras, viviendas y cinco aeropuertos que sufrieron daños a consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades también contemplan implementar apoyos económicos para que las familias damnificadas puedan cubrir gastos relacionados con vivienda y servicios públicos mientras avanzan las labores de reconstrucción.

El impacto del terremoto se concentra principalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, donde continúan las acciones de atención a la población afectada y la evaluación de los daños materiales.

El anuncio ocurre en un contexto financiero complejo para Colombia. El mandatario señaló que las finanzas públicas enfrentan elevados niveles de endeudamiento y restricciones de liquidez, además de un presupuesto que, según su diagnóstico, presenta problemas de financiamiento.

Los alcances concretos de la emergencia económica, así como las medidas fiscales y presupuestarias que aplicará el gobierno, quedarán establecidos una vez que sea publicado oficialmente el decreto correspondiente.