El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal para reconocer como circunstancia agravante la utilización de sustancias destinadas a anular o disminuir la voluntad de una víctima durante la comisión de delitos como violación, abuso sexual y robo.

La modificación fue propuesta por la diputada María Dolores Robles Chairez y busca incorporar al marco jurídico estatal la llamada sumisión química, una práctica mediante la cual una persona es expuesta, sin su consentimiento, a sustancias capaces de alterar sus capacidades físicas o cognitivas con el propósito de facilitar la comisión de un ilícito.

De acuerdo con la reforma aprobada, la agravante podrá aplicarse cuando el responsable administre, suministre o induzca de manera forzada, oculta o sin consentimiento al consumo de la víctima fármacos, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias naturales o químicas que puedan afectar su capacidad de resistencia, discernimiento o autodeterminación.

La disposición contempla que estas sustancias sean utilizadas con la intención de facilitar la comisión del delito, por lo que su empleo será considerado un elemento que incrementa la gravedad de la conducta.

Durante la presentación de la propuesta, la legisladora señaló que recurrir a este mecanismo representa una forma particularmente grave de someter a las víctimas, debido a que limita su capacidad para reaccionar y tomar decisiones frente a una situación de violencia.

Robles Chairez explicó que la problemática tiene implicaciones tanto sociales como sanitarias, especialmente entre las personas jóvenes, debido a que una de las formas recurrentes de este tipo de agresión consiste en introducir sustancias en bebidas o alimentos sin que la víctima tenga conocimiento.

Con la modificación aprobada, San Luis Potosí busca fortalecer las herramientas legales para investigar y sancionar estos casos, además de establecer un reconocimiento específico de la modalidad utilizada para cometer los delitos.

La reforma también sigue una tendencia adoptada en otras entidades del país, donde la administración de sustancias para someter a una persona ya es considerada una circunstancia que puede aumentar la responsabilidad penal.

El Congreso estatal destacó que el objetivo de esta medida es brindar mayor protección a las víctimas y cerrar espacios de impunidad frente a conductas que aprovechan la alteración de las capacidades físicas o mentales para facilitar agresiones sexuales o patrimoniales.

La nueva disposición forma parte de las acciones legislativas orientadas a actualizar el marco penal y responder a modalidades delictivas que representan nuevos desafíos para la seguridad y protección de la población.