El Congreso del Estado recibió una propuesta para reformar la Constitución Política de San Luis Potosí y establecer nuevas bases para la gobernanza y gestión del agua, con el objetivo de mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y promover un manejo más sustentable del recurso.
La iniciativa, presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, plantea adicionar los artículos 12 BIS y 12 TERde la Constitución estatal.
Entre las modificaciones se propone establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios para definir y aplicar la política hídrica, además de garantizar la participación informada, activa y efectiva de la ciudadanía en la planeación, gestión, vigilancia y evaluación de las acciones relacionadas con el agua.
Otro de los puntos contempla reconocer el acceso a la información en materia hídrica y establecer obligaciones de transparencia sobre la gestión, distribución y calidad del agua, con la intención de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza de la población.
La propuesta también plantea que la gestión del agua se rija por principios como la equidad entre generaciones, prevención, precaución, sustentabilidad, integralidad y responsabilidad ambiental.
Además, se busca incorporar una visión de gestión integral por cuencas, bajo la premisa de que los recursos hídricos deben administrarse considerando su comportamiento natural y no únicamente desde límites administrativos.
Uno de los conceptos centrales de la iniciativa es la seguridad hídrica, entendida como la capacidad de garantizar agua suficiente y de calidad para la población, así como de enfrentar los riesgos relacionados con fenómenos hidrometeorológicos.
En este sentido, se propone que las autoridades adopten medidas de prevención, adaptación y gestión de riesgos ante la variabilidad climática y los efectos del cambio climático que puedan afectar la disponibilidad y distribución del agua.
La iniciativa también contempla obligaciones para que las autoridades estatales y municipales garanticen el tratamiento, saneamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, con el propósito de proteger la salud, preservar el equilibrio ecológico y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Las propuestas fueron turnadas a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua, donde serán analizadas para determinar su viabilidad y, en su caso, elaborar el dictamen correspondiente.
