La presidenta del Congreso del Estado de San Luis Potosí y del PRI estatal, diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, al Poder Judicial Estatal y a la Fiscalía General del Estado de Campeche, así como al Gobierno federal, para que respeten los derechos humanos y el debido proceso de Luis Antonio Espinosa Campos, acusado de peculado por presuntamente haber recibido 36 millones de pesos cuando fue gobernador el actual dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas y luego contador de las empresas de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de “Alito”.

El exhorto recibido durante la sesión de la Diputación Permanente de este lunes y que no fue presentado ni discutido en Tribuna, establece que en los últimos meses en el país se ha registrado “una implacable persecución a todos aquellos que no forman parte de la camarilla del actual gobierno federal, simplemente porque se está denunciando la corrupción y coalición con grupos de la delincuencia organizada con la que han estado gobernando en todo el país”.

Critica que en cuestión de horas y apoyados por “los jueces del acordeón”, se libran órdenes de aprehensión contra opositores al régimen sin pruebas contundentes, mientras que aquellos que están siendo acusados con pruebas por su participación en delitos como el contrabando de hidrocarburos, evasión de impuestos, lavado de dinero, delincuencia organizada, sólo por formar parte de Morena se les cobija con la impunidad.

“El último acto distractor, fue la detención este 10 de agosto del 2026 de un profesionista honesto, de Luis Antonio Espinosa Campos, que sólo por ejercer su labor con Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder nacional del PRI, en menos de 24 horas la fiscalía de Campeche le integro una Carpeta de Investigación y un Juez de consigna de la 4T otorgó una orden de aprehensión todo en tiempo récord”, indica el exhorto.

El Punto de Acuerdo de la diputada priista acusa que la orden de aprehensión contra el contador Luis Antonio Espinosa Campos fue entregada con urgencia a agentes federales, cuando el presunto delito es del fuero común.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión legislativa Primera de Justicia.