Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores en San Luis Potosí, la diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para incorporar formalmente el concepto de “Perspectiva de Persona Adulta Mayor” dentro del marco jurídico estatal.
La propuesta fue presentada durante una sesión de la Diputación Permanente y contempla modificaciones al Código Familiar del Estado y a la Ley de las Personas Adultas Mayores de San Luis Potosí. El planteamiento busca establecer tanto una definición jurídica como criterios que permitan considerar este enfoque al momento de tomar decisiones que involucren a este sector de la población.
De acuerdo con la iniciativa, la “Perspectiva de Persona Adulta Mayor” debe entenderse como un enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal que permita analizar las circunstancias particulares de cada persona, evitando que las decisiones se sustenten únicamente en prejuicios o estereotipos asociados con la edad.
La legisladora explicó que la propuesta considera dos ámbitos principales de aplicación. El primero estaría relacionado con el trabajo de las instituciones públicas, particularmente con la elaboración y análisis de iniciativas de ley dentro del Congreso del Estado y con la planeación y diseño de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo.
La segunda vertiente estaría enfocada en el ámbito familiar, de manera que este criterio pueda ser considerado al momento de resolver controversias que involucren a personas adultas mayores.
La propuesta reconoce además que el proceso de envejecimiento no ocurre de la misma manera para todas las personas. Factores como la situación económica, el entorno social, la cultura, el género, las condiciones de salud y las redes de apoyo pueden influir directamente en sus necesidades y circunstancias.
Por ello, la iniciativa busca que las autoridades realicen análisis más amplios antes de establecer medidas, programas o resoluciones que puedan afectar los derechos de este grupo de población.
La propuesta también toma como referencia criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la protección de los derechos de las personas adultas mayores y la necesidad de adoptar medidas diferenciadas cuando las circunstancias lo requieran.
Tras su presentación ante la Diputación Permanente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, análisis y eventual dictaminación.
El planteamiento forma parte de las diversas propuestas legislativas presentadas por integrantes de la LXIV Legislatura para modificar y fortalecer el marco jurídico estatal.