Paramount pidió a un tribunal estadounidense que los estados que buscan bloquear su adquisición de Warner Bros. Discovery depositen una fianza cercana a los mil 900 millones de dólares. La compañía argumenta que necesita protección ante los costos financieros que podría generar el retraso de la operación mientras continúa el litigio.

La compra, valuada en aproximadamente 110 mil millones de dólares, enfrenta una demanda presentada por una docena de estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Los opositores sostienen que la integración de ambos grupos concentraría demasiado poder dentro de la industria del entretenimiento y afectaría la competencia.

Entre los argumentos contra la operación también aparecen posibles consecuencias para Hollywood, como una reducción en la producción cinematográfica y pérdida de empleos. Organizaciones vinculadas con los medios de comunicación han expresado además preocupación por el futuro de CNN y su independencia editorial bajo el nuevo conglomerado.

La urgencia para Paramount está relacionada con las condiciones financieras del acuerdo. Warner Bros. Discovery estableció una penalización de 7 millones de dólares diarios para sus accionistas si la transacción no se completa antes del 1 de octubre, costo que Paramount atribuye directamente al proceso judicial que busca impedir la adquisición.

Si el juez concede la solicitud, California y los otros 11 estados demandantes, además del sindicato de guionistas, tendrían que responder económicamente en caso de que sus acciones legales fracasen y se determine que provocaron los retrasos reclamados por Paramount.

El enfrentamiento ocurre mientras la empresa defiende públicamente la operación. David Ellison, director de Paramount, incluso amenazó con trasladar la compañía fuera de California si el fiscal general estatal, Rob Bonta, no accedía a negociar una salida al conflicto. Bonta respondió calificando la advertencia como un acto de “chantaje”.

La adquisición ya recibió autorización de las autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, aunque los litigios estatales mantienen abierta una de las principales disputas legales en torno a la concentración de la industria audiovisual.