El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo especial vigilancia las operaciones realizadas con proveedores durante la revisión de las Cuentas Públicas 2025, ante la posibilidad de detectar empresas utilizadas para respaldar gastos inexistentes o justificar el uso irregular de recursos públicos.
El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que las auditorías buscan identificar posibles esquemas relacionados con compañías que emiten comprobantes fiscales sin acreditar la entrega de bienes o la prestación efectiva de servicios. Este tipo de prácticas representa un riesgo para el patrimonio de los municipios y demás entes sujetos a fiscalización.
Cuando se detectan indicios de operaciones simuladas, el IFSE debe informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que determine las acciones correspondientes dentro de sus atribuciones. Además, los servidores públicos que participen en estas conductas pueden enfrentar procedimientos de responsabilidad y, dependiendo del caso, consecuencias de carácter penal.
Como parte de las revisiones en curso ya se han identificado posibles irregularidades documentales y contables, entre ellas expedientes incompletos para acreditar determinados gastos, comprobantes duplicados y registros financieros realizados de manera incorrecta. Las observaciones deberán ser solventadas por los entes auditados conforme avance el proceso de fiscalización.
Lecourtois López exhortó a las autoridades responsables del manejo de recursos públicos a verificar la existencia y legalidad de sus proveedores antes de realizar cualquier contratación o pago. Subrayó que los bienes y servicios adquiridos con dinero público deben contar con respaldo documental y corresponder efectivamente a operaciones realizadas.
El funcionario advirtió que, cuando se comprueba un daño al patrimonio público, la responsabilidad no desaparece con la emisión de una factura, por lo que los recursos utilizados de manera irregular deberán ser reintegrados conforme determinen las autoridades competentes.
