El Congreso de San Luis Potosí recibió una propuesta para endurecer las sanciones contra servidores públicos que intervengan en actos de corrupción, con el objetivo de reducir espacios de impunidad y reforzar la protección de las instituciones.

La iniciativa fue presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha y plantea modificar el artículo 316 del Código Penal del Estado para establecer consecuencias más severas cuando un funcionario participe en determinados delitos relacionados con corrupción.

De acuerdo con la propuesta, cuando un servidor público intervenga en la comisión de un delito mientras desempeña sus funciones, con motivo de estas o aprovechándose de su cargo, la pena de prisión correspondiente podría incrementarse en una mitad.

La reforma también contempla que los funcionarios involucrados sean destituidos del puesto que ocupan y queden inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del servicio público durante un periodo de entre tres y diez años.

El legislador señaló que la propuesta busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente al uso indebido de las responsabilidades públicas y fortalecer las herramientas legales para sancionar conductas que afecten la función gubernamental.

Uno de los aspectos relevantes del proyecto consiste en contemplar tanto la participación directa como aquella que ocurra mediante acciones de apoyo o incluso por omisiones. Con ello, se pretende que la responsabilidad de los servidores públicos pueda determinarse cuando su conducta facilite o contribuya a la comisión de un delito.

Lara Rocha argumentó que quienes ocupan un cargo público tienen un deber especial de actuar con responsabilidad y proteger los intereses de las instituciones, por lo que una participación pasiva tampoco debería convertirse en un espacio para evadir consecuencias legales.

La propuesta también toma como referencia compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción. El legislador mencionó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que contempla medidas para prevenir y sancionar prácticas relacionadas con el abuso de funciones y el uso indebido de influencias.

De aprobarse, la reforma modificaría el esquema de sanciones aplicable a servidores públicos que incurran en estas conductas y reforzaría las consecuencias posteriores a una condena.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, instancia que deberá analizar su contenido y elaborar el dictamen correspondiente antes de que continúe su proceso legislativo.