La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Penal de San Luis Potosí en materia del delito de despojo, con el propósito de fortalecer las sanciones y establecer circunstancias que ameriten penas mayores cuando existan condiciones que agraven la conducta.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que la propuesta contempla aumentar las sanciones correspondientes al tipo básico de despojo, cuya pena pasaría de un rango actual de uno a cinco años a uno de dos a siete años de prisión, mientras que las agravantes podrían incrementar la sanción hasta en una mitad, alcanzando una pena máxima de 10 años y seis meses.

De acuerdo con la legisladora, la reforma responde a la necesidad de reforzar la protección de la certeza patrimonial y la posesión pacífica de los bienes, ante el crecimiento de prácticas relacionadas con la ocupación ilícita de inmuebles.

El dictamen plantea incorporar un nuevo catálogo de agravantes para que las autoridades judiciales puedan considerar condiciones específicas al momento de determinar la sanción. Entre ellas se encuentra la simulación de actos de autoridad, el uso de documentos falsos y la participación de servidores públicos en la comisión del delito.

También se contempla una penalización mayor cuando el despojo sea cometido contra un ascendiente o una persona adulta mayor. En este último caso, la propuesta busca reforzar la protección de este sector de la población, tomando en cuenta los compromisos asumidos por México en materia de derechos de las personas adultas mayores.

Vázquez Hernández señaló que las modificaciones pretenden ofrecer a las personas juzgadoras un margen adecuado para individualizar las penas de acuerdo con la gravedad de cada caso y el nivel de responsabilidad de quienes sean encontrados culpables.

La legisladora sostuvo que el ajuste busca responder a una problemática que ha adquirido mayor complejidad debido a la existencia de redes dedicadas a la ocupación irregular de propiedades.

Tras su aprobación en la Comisión Primera de Justicia, el dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado, donde será sometido a discusión y posteriormente a la votación correspondiente.