La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación de oficio para determinar si en el futbol profesional mexicano existen prácticas que pudieran afectar las condiciones de competencia entre los distintos participantes del sector.

El acuerdo mediante el cual se abrió el expediente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y contempla actividades relacionadas con la afiliación, organización y acceso a competencias de futbol federado, además de servicios vinculados con estas actividades.

La autoridad aclaró que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar, por lo que hasta el momento no se ha determinado la existencia de una infracción ni se ha atribuido responsabilidad a algún club, federación, directivo u otro participante de la industria.

La indagatoria está enfocada en identificar posibles prácticas monopólicas relativas, consideradas por la legislación como conductas mediante las cuales un agente con poder sustancial en un mercado podría utilizar esa posición para limitar o afectar la capacidad de otros competidores.

De acuerdo con la información disponible, la decisión de iniciar el procedimiento se produjo después de que la autoridad diera seguimiento durante varios meses a información pública, noticias y señalamientos realizados por aficionados sobre posibles irregularidades dentro del futbol profesional.

La CNA puntualizó que contar con una posición dominante dentro de un mercado no representa, por sí misma, una violación a la legislación en materia de competencia económica. Para determinar una posible responsabilidad será necesario acreditar la existencia de conductas específicas que contravengan las disposiciones legales.

En caso de que durante la investigación se encuentren elementos suficientes, la autoridad podría emitir un dictamen de probable responsabilidad y posteriormente iniciar un procedimiento formal. En esa etapa, las personas o entidades señaladas tendrían la posibilidad de presentar argumentos y ejercer su derecho de defensa.

Si finalmente se acreditara la existencia de una práctica monopólica, las consecuencias podrían incluir sanciones económicas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales, además de medidas encaminadas a corregir o eliminar las conductas consideradas anticompetitivas.

Por ahora, la investigación continuará para determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una etapa formal.