El Decreto Número 49 de 1827 marcó un precedente en la historia de San Luis Potosí al establecer la libertad de las personas esclavizadas que llegaran al territorio estatal, además de reconocerles derechos y la condición de ciudadanos potosinos. El alcance de este ordenamiento fue analizado durante un conversatorio organizado por el Congreso del Estado.

La actividad, titulada “Hito de Justicia Social: Abolición de la Esclavitud”, reunió a los especialistas María de la Luz Carregha Lamadrid, José Alfredo Rangel Silva y Ramón Alejandro Montoya, como parte de las actividades por el Bicentenario de la primera Constitución Política de San Luis Potosí de 1826.

Durante el encuentro se explicó que el decreto fue expedido durante el gobierno de Ildefonso Díaz de León y representó una disposición jurídica relevante para su época, al establecer que el Estado asumiría el costo relacionado con la liberación de quienes se encontraran en condición de esclavitud.

Los participantes señalaron que para comprender este proceso resulta necesario revisar la presencia de sistemas de sometimiento durante el periodo colonial y los primeros años de la vida independiente, particularmente aquellos que afectaron a población de origen africano.

El análisis también abrió la discusión sobre la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de estudiar las distintas formas de explotación que han existido a lo largo del tiempo. En ese sentido, los especialistas plantearon que conocer los procesos históricos permite comprender la evolución de las leyes y de las instituciones.

Como parte de la jornada, Ramón Alejandro Montoya anunció la donación de algunas de sus obras a la biblioteca del Congreso estatal para contribuir a la consulta e investigación sobre la esclavitud, la trata y los procesos de libertad en San Luis Potosí.

El conversatorio se integró al programa conmemorativo del Bicentenario constitucional, una celebración que busca recuperar episodios relevantes en la construcción jurídica e institucional de la entidad.