El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal (IEC) 2025, realizada de octubre a noviembre del año pasado; y con ella, la metodología introdujo una nueva categoría de estudio que resulta de relevancia a nivel nacional en materia de seguridad; la población que experimentó desplazamiento forzado interno (DFI) por causa.

Esta sección fue recopilada por primera ocasión según el registro de viviendas de los últimos cinco años. E ilustra un comportamiento que, de acuerdo a la ONU, consiste en huir de la residencia habitual sin cruzar la frontera estatal, para sobrevivir a un entorno marcado por la violencia, conflictos armados, violaciones a derechos humanos y desastres naturales.

Tras analizar dos posibles causas como detonantes, el INEGI determinó que al menos un integrante de 10 millones 504 mil 500 hogares en México, han sido víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, el 1.1% correspondió a San Luis Potosí -una de las cinco entidades más bajas en este sentido, en el país-.

No obstante, ese porcentaje representa a 10 mil 300 hogares de las 268 mil viviendas encuestadas en total. 

De esa muestra, el 79.61% de las viviendas conformadas por 28 mil 200 personas, indicó que sus motivos obedecían a la inseguridad delictiva o la violencia; mientras que el 20%, conformadas por 6 mil 500, lo hizo por catástrofes o desastres naturales.

En total, 34 mil 700 personas aproximadamente resultaron afectadas. 

Según el mismo instrumento, en San Luis Potosí, al 15 de octubre de 2025 fueron contabilizados 2 millones 889 mil 524 habitantes, distribuidos principalmente entre los tres principales municipios de la zona metropolitana; la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos. Así como en segundas proporciones, las cabeceras de las zonas media, huasteca y altiplano como Rioverde, Ciudad Valles y Matehuala.

A pesar de que San Luis Potosí apareció en el noveno lugar con mayor población en viviendas particulares de la República, también es una de las que arrojaron menor índice de DFI.

A diferencia de otras entidades como Guerrero cuyo índice fue del 3.4% de su población afectada, en este caso la mayor parte obedeció a desastres naturales; mientras que Morelos, Baja California Sur, Colima, Zacatecas y Querétaro; despuntaron por encima del 2.2% de su población desplazada, la cual, en su mayoría, huyeron por contextos de violencia.

A nivel nacional, las consecuencias de esta situación son reconocidas por organismos como una crisis humanitaria, sin embargo, México todavía carece de una Ley General que la reconozca a nivel federal.