En San Luis Potosí, hablar de El Realito ya no es hablar solamente de una presa o de una tubería. Para miles de familias de la zona metropolitana, el nombre se ha convertido en sinónimo de incertidumbre: abrir la llave y no saber si habrá agua.

Seis de ellas estuvieron relacionadas con averías en los ductos de conducción por problemas de presión, mientras que las tres más recientes fueron atribuidas a fallas eléctricas en los sistemas de bombeo ubicados en Guanajuato.

La última suspensión se prolongó durante tres días. De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA), el servicio ya fue restablecido.

“La semana pasada hubo muchas tormentas eléctricas y tuvieron problemas con unos generadores… El Realito ya está funcionando nuevamente”, explicó Pascual Martínez Sánchez, director de la dependencia.

Pero cada reparación deja detrás la misma pregunta: ¿cuánto tiempo durará funcionando esta vez?

La preocupación de las autoridades se limita a la parte técnica. La CEA también ha reiterado su inconformidad con el contrato que mantiene el estado con la empresa operadora del sistema, documento que Martínez Sánchez calificó como “leonino”.

Mientras se atienden las fallas, la dependencia asegura que busca mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento y reducir la dependencia de una infraestructura que ha mostrado problemas recurrentes.

El contrato contempla sanciones económicas cuando las interrupciones superan determinados tiempos. De acuerdo con el titular de la CEA, por cada falla se aplican descuentos que pueden alcanzar los cinco millones de pesos.

En lo que va del año, estas penalizaciones sumarían alrededor de 45 millones de pesos descontados a la empresa operadora.

“En el contrato establece que es una falla derivada del suministro de agua potable. Dentro del contrato vigente hay un margen de si la falla no incurre en más de seis horas, pero de acuerdo a los días asciende la deuda”, señaló Martínez Sánchez.

El esquema financiero también genera cuestionamientos. La operación contempla tres tarifas diferentes y actualmente representa alrededor de 16 millones de pesos mensuales. De esa cantidad se descuentan las sanciones correspondientes cuando se presentan interrupciones.

Sin embargo, desde la propia CEA se reconoce que, aun con las multas, el modelo continúa siendo conveniente para la empresa responsable.

Para los usuarios, las cifras contractuales poco significan cuando el agua deja de llegar. Cada avería implica reorganizar tareas domésticas, almacenar líquido, buscar pipas o esperar a que el servicio vuelva.

El Realito sigue funcionando, pero también sigue fallando. Y mientras se acumulan reparaciones, multas y explicaciones, el verdadero reto continúa siendo uno solo: lograr que el agua llegue de manera constante a los hogares potosinos.