Organizaciones defensoras de derechos humanos de México y Alemania solicitaron al gobierno de Baden-Württemberg buscar mecanismos para que los recursos derivados de una multa impuesta a Heckler & Koch puedan beneficiar a personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos en México.

La empresa alemana, fabricante de los fusiles G36, pagó aproximadamente 4.21 millones de dólares como parte de una sanción relacionada con la exportación irregular de armas hacia territorio mexicano. La sentencia que dio origen a la multa fue emitida en 2019 por un tribunal alemán.

En una carta dirigida a las autoridades de Baden-Württemberg, las organizaciones plantearon explorar alternativas legales y políticas que permitan utilizar esos recursos en acciones de reparación social. Entre las propuestas figuran atención médica y psicológica, proyectos de esclarecimiento de violaciones a derechos humanos y medidas de prevención.

El planteamiento también está relacionado con el caso Ayotzinapa. Las organizaciones recuerdan que durante los hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, policías portaban fusiles G36 que llegaron a la entidad pese a las restricciones existentes para la exportación de armas hacia esa región.

De acuerdo con el documento presentado por los organismos, al menos tres de esos fusiles fueron utilizados durante la agresión contra los estudiantes normalistas. Entre las víctimas se encuentra Aldo Gutiérrez Solano, quien sufrió una lesión de bala en la cabeza y mantiene graves secuelas. Sin embargo, las organizaciones señalan que no se ha establecido con certeza que el proyectil que lo hirió proviniera de un arma fabricada por Heckler & Koch.

La sentencia alemana no contempla compensaciones directas para las víctimas mexicanas. Por ello, los firmantes proponen abrir un diálogo entre autoridades y organizaciones civiles de ambos países para determinar posibles mecanismos de aplicación de los recursos.

Entre las agrupaciones que respaldan la iniciativa se encuentran el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, además de organizaciones alemanas especializadas en derechos humanos y comercio internacional de armas.