La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de Estados Unidos todavía no ha confirmado oficialmente a México la operación de cuatro empresas privadas que habrían sido contratadas para localizar a migrantes mexicanos dentro del territorio nacional y gestionar el cobro de multas relacionadas con asuntos migratorios.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que, en caso de que estas compañías pretendan realizar actividades de este tipo en México, deberán contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sheinbaum indicó que hasta el momento la Embajada de Estados Unidos en México no ha comunicado formalmente al Gobierno mexicano la presencia o actuación de estas empresas. Por ello, señaló que las autoridades mexicanas permanecen a la espera de información oficial que permita conocer con precisión qué compañías estarían involucradas y bajo qué condiciones operarían.
El tema surge luego de reportes sobre contratos otorgados por el gobierno del presidente Donald Trump a empresas privadas para localizar a personas con adeudos derivados de sanciones migratorias en Estados Unidos. Estas compañías tendrían entre sus funciones identificar a los posibles deudores y establecer mecanismos para exigir el pago de las multas.
Ante este escenario, la presidenta subrayó que cualquier actividad de empresas extranjeras dentro de México debe ajustarse a las disposiciones nacionales y contar con las autorizaciones necesarias. En particular, destacó la intervención que correspondería a la SRE cuando se trate de acciones vinculadas con autoridades o instituciones de otro país.
La información sobre la operación de estas compañías ha generado cuestionamientos sobre los alcances que podrían tener sus actividades fuera de Estados Unidos, especialmente cuando involucren la localización de personas y el cobro de sanciones en territorio mexicano.
Mientras no exista una notificación oficial por parte de la Embajada estadounidense, el Gobierno de México mantiene el caso bajo revisión. Sheinbaum señaló que será necesario conocer mayores detalles para determinar qué empresas están involucradas, qué facultades les fueron otorgadas mediante sus contratos y si cuentan con alguna autorización para realizar actividades en México
