La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) desarrollaron una nueva norma técnica para establecer las condiciones bajo las cuales podrán realizarse descargas de aguas residuales hacia las redes de drenaje y alcantarillado en siete municipios de San Luis Potosí.
Se trata de la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/2026, que contempla parámetros para regular las descargas y establece un procedimiento para determinar condiciones particulares cuando las características de los usuarios o de los residuos así lo requieran.
La disposición tendrá aplicación en San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Zaragoza.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la norma está dirigida principalmente a usuarios industriales y de servicios, tanto públicos como privados, que descarguen aguas residuales en las redes municipales de drenaje y alcantarillado.
Entre los objetivos de la regulación se encuentra prevenir posibles afectaciones a las redes de alcantarillado y a los sistemas municipales encargados del tratamiento de aguas residuales. La aplicación de parámetros específicos busca establecer condiciones para que las descargas no comprometan el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.
La vigilancia del cumplimiento de la norma estará a cargo de la Segam y de los ayuntamientos correspondientes, quienes podrán realizar estas labores de manera directa o mediante los organismos operadores de agua de cada municipio.
Por su parte, la Comisión Estatal del Agua podrá participar en las acciones de supervisión y aplicación mediante la celebración de convenios con las autoridades involucradas.
La nueva disposición también contempla la posibilidad de establecer condiciones particulares de descarga, de acuerdo con las características de cada usuario y las necesidades específicas de las redes de drenaje y sistemas de tratamiento.
Con esta regulación, las autoridades estatales buscan establecer criterios comunes para el manejo de aguas residuales y fortalecer la coordinación entre dependencias estatales, municipios y organismos operadores.
La norma forma parte de las medidas relacionadas con la gestión y protección de los recursos hídricos en los municipios incluidos dentro de su ámbito de aplicación.