La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este martes 29 de septiembre las impugnaciones presentadas contra la reforma electoral de Chihuahua, que introdujo disposiciones relacionadas con la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Entre los puntos cuestionados se encuentra la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la participación de grupos delictivos, además de restricciones para que personas vinculadas con actividades criminales puedan contender por cargos de elección popular.

Los asuntos fueron concentrados en las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, relacionadas con modificaciones a la Constitución de Chihuahua, la Ley Electoral estatal y el Código Municipal. La SCJN mantiene estos expedientes dentro de sus asuntos pendientes de resolución.

Previo a la discusión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó públicamente a las ministras y ministros mantener vigentes las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal. Su postura se centra en conservar los mecanismos previstos para impedir la intervención de grupos delictivos en las elecciones.

La reforma fue impugnada, entre otros actores, por Morena. El partido ha cuestionado distintos aspectos de las modificaciones, mientras sostiene que su impugnación no implica oponerse a las medidas destinadas a impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

La resolución que adopte la Suprema Corte definirá el alcance de las disposiciones controvertidas y determinará cuáles, en su caso, pueden permanecer vigentes dentro del marco electoral de Chihuahua.