La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, podría enfrentar medidas de apremio, entre ellas un arresto administrativo, si mantiene su negativa a entregar los teléfonos celulares que pertenecieron a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal y encargado del despacho de la institución, señaló que se prepara un nuevo requerimiento para solicitar formalmente los dispositivos, considerados por la Fiscalía como elementos necesarios para continuar con distintas diligencias relacionadas con la investigación del homicidio.

Entre los procedimientos que se pretenden realizar se encuentra el análisis forense de los equipos, así como la revisión de posibles modificaciones o alteraciones en la cuenta de WhatsApp que utilizaba Manzo. La Fiscalía ha señalado que para determinar si existió alguna manipulación es necesario contar con los teléfonos y someterlos a los peritajes correspondientes, bajo autorización judicial.

De acuerdo con las declaraciones del vicefiscal, en caso de que Quiroz continúe sin proporcionar los equipos, las medidas de apremio podrían incrementarse hasta llegar a un arresto. También se contempla la posibilidad de iniciar una investigación por el delito de obstrucción de la justicia, según la información difundida este martes.

Sin embargo, la advertencia no significa que exista actualmente una orden de arresto contra la alcaldesa. Las versiones publicadas este 29 de septiembre señalan que, hasta ese momento, tampoco se había abierto una carpeta penal en su contra por este asunto.

La Fiscalía estatal mantiene desde agosto el requerimiento para obtener los dispositivos. En una solicitud previa, la dependencia indicó que los teléfonos serían sometidos a procesamiento pericial como parte de las diligencias encaminadas a esclarecer el homicidio.

Por su parte, Grecia Quiroz ha solicitado que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso y ha manifestado públicamente su desconfianza hacia las autoridades estatales. Hasta ahora, la investigación permanece bajo responsabilidad de la Fiscalía de Michoacán.