La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral del estado y acusó a Morena de haber impugnado las disposiciones relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

A través de un mensaje difundido este miércoles, la mandataria sostuvo que Morena votó contra las medidas en el Congreso estatal y posteriormente promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. La acción 99/2026 fue efectivamente promovida por Morena, de acuerdo con información difundida sobre el expediente.

El Pleno de la SCJN, sin embargo, no eliminó toda posibilidad de anular una elección por intervención delictiva. El tribunal determinó que un proceso electoral puede invalidarse cuando se acrediten actos de delincuencia permanente o sistemática que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado de la votación.

Lo que quedó invalidado fueron disposiciones que establecían sanciones automáticas contra aspirantes, precandidatos o candidatos por conductas ilícitas cometidas por terceras personas, así como mecanismos de pérdida automática del registro. La Corte consideró que estas medidas debían respetar principios como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.

Campos expresó su desacuerdo con esta parte de la resolución y afirmó que la modificación representa un cambio en los mecanismos que Chihuahua había incorporado para enfrentar posibles interferencias criminales en las elecciones. La gobernadora también señaló que su administración respetará el fallo del máximo tribunal.

Además, anunció que el Congreso de Chihuahua presentará una nueva iniciativa con la intención de establecer mecanismos de protección electoral que sean compatibles con la resolución de la Corte.

La SCJN también ordenó al Congreso estatal armonizar su legislación con la Constitución federal e incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.

El debate ocurre en el contexto de la preparación de los procesos electorales locales de 2027 y mantiene abierta la discusión sobre los mecanismos jurídicos para evitar la intervención de grupos delictivos en las elecciones.