Por unanimidad de las y los 23 legisladores al momento de la votación, fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado la reforma enviada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que reforma el Párrafo Quinto y adiciona un Párrafo Sexto al Artículo 60 de la Ley Estatal de Educación para regular el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y privadas de Preescolar, Primaria y Secundaria de San Luis Potosí.
En cuanto a la reforma, se establece que “en los servicios de educación básica queda restringido, durante toda la jornada escolar, el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos personales de comunicación, conectividad o acceso digital”.
Respecto a la adición, la propuesta del gobernador Gallardo señala que “podrán utilizarse dichos dispositivos cuando su uso responda a una finalidad pedagógica determinada por el personal docente. La restricción tampoco será aplicable cuando su utilización resulte necesaria ante una situación de emergencia, por razones de salud o para garantizar el ejercicio de derechos reconocidos en las disposiciones jurídicas aplicables”.
Además, que “durante los períodos en que resulte aplicable la restricción, los dispositivos deberán permanecer fuera de uso. Las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes establecerán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para la aplicación de estas disposiciones”.
En el Segundo Transitorio del Decreto, la iniciativa del gobernador Gallardo explica que “las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes deberán emitir o, en su caso, adecuar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, los lineamientos y demás disposiciones necesarias para la aplicación del presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor”.
El presidente de la Comisión Legislativa dictaminadora de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, diputado Crisógono Pérez López, manifestó que la regulación de aparatos tecnológicos en las escuelas de Educación Básica es para proteger el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
“No se trata de prohibir la tecnología, sino de establecer reglas claras para que utilicen los dispositivos tecnológicos para la mejora pedagógica y para fortalecer los procesos formativos, como Congreso del Estado es importante dejar un precedente para impulsar una educación que forme estudiantes responsables del uso de tecnologías y no dependientes de ellas”, especificó.