La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen de reformas al Código Penal de San Luis Potosí relacionado con el delito de feminicidio, con el propósito de ampliar y actualizar las circunstancias que permiten identificar este delito por razones de género.

La presidenta de la comisión, diputada María Leticia Vázquez Hernández, explicó que la propuesta busca desagregar y precisar diversos supuestos contemplados en la legislación estatal, particularmente aquellos relacionados con los vínculos que pudieran existir entre la víctima y el agresor.

Entre las modificaciones se plantea incorporar de manera específica relaciones de parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, cohabitación, sociedad de convivencia, amistad, así como vínculos de subordinación o superioridad.

El dictamen también propone ampliar los ámbitos en los que pueden identificarse antecedentes de violencia para incluir los contextos comunitario, institucional, político, digital, mediático y religioso. Además, se contempla que puedan considerarse antecedentes de violencia aun cuando estos no hayan sido denunciados previamente.

La propuesta incorpora también agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, lesiones y violencia política entre las circunstancias que pueden ser consideradas para acreditar el delito.

En relación con el tratamiento del cuerpo de la víctima, se plantean modificaciones para incluir supuestos como el entierro u ocultamiento, así como lugares privados, además de los espacios públicos contemplados actualmente.

Otro de los cambios considera las condiciones de indefensión o desprotección real de la víctima, entre ellas el embarazo, la edad, alguna discapacidad, la dependencia de cuidados o el consumo de sustancias.

El proyecto también contempla como circunstancia que la víctima haya sido reportada como desaparecida o haya sido objeto de búsqueda por parte de familiares, particulares o autoridades antes de que fueran localizados su cuerpo o sus restos.

En materia de sanciones, el dictamen mantiene una pena de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica de 4 mil a 6 mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La propuesta establece además que la pena pueda incrementarse hasta en una tercera parte de sus mínimos y máximos cuando exista participación de varios sujetos activos, el feminicidio ocurra en un contexto de trata de personas o explotación sexual, o sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviera un vínculo familiar, afectivo o de confianza.

El incremento también aplicaría cuando la víctima sea una niña o adolescente.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para continuar con el proceso legislativo y someterse a votación.