México enfrenta un aumento de 31 por ciento en los accidentes viales registrados durante la última década, una tendencia que ha puesto nuevamente bajo la lupa las políticas de prevención y las diferencias existentes entre las entidades del país.

Organizaciones dedicadas a la movilidad y la seguridad vial señalaron que la falta de criterios uniformes dificulta la atención de los siniestros y la comparación de información entre estados. Ante este escenario, plantearon reforzar la coordinación gubernamental y avanzar hacia una regulación con estándares comunes.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya contempla mecanismos de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además de disposiciones orientadas a generar criterios nacionales en materia de movilidad y seguridad vial.

El marco legal también considera distintos factores para reducir los riesgos en las calles, entre ellos las condiciones de la infraestructura, la regulación del tránsito, la educación vial y la recopilación de datos sobre los accidentes.

Para las organizaciones, disponer de información homologada permitiría identificar con mayor precisión dónde y por qué ocurren los siniestros, así como detectar patrones que puedan servir para diseñar medidas preventivas específicas.

El llamado ocurre ante la necesidad de reducir las muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito, mediante políticas que no dependan únicamente de las condiciones particulares de cada entidad, sino que permitan establecer una estrategia coordinada de seguridad vial en todo el país.