El caso Ayotzinapa abrió cuatro nuevas líneas de investigación derivadas del análisis de registros telefónicos, documentos y otros elementos que no habían sido examinados a profundidad, informó el Gobierno de México al cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Una de las principales rutas surgió de la revisión de miles de comunicaciones registradas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este trabajo permitió identificar a 17 personas que no habían sido consideradas previamente y detectar posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, autoridades y personas relacionadas con servicios funerarios.

Otra línea se concentra en los teléfonos celulares utilizados por los estudiantes después de su desaparición. El seguimiento de los dispositivos permitió establecer quiénes los utilizaron posteriormente y derivó en nuevas investigaciones sobre posibles traslados de los jóvenes y la actuación de funcionarios de Iguala.

El reanálisis también llevó a revisar el manejo de las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y a identificar a una persona que tenía 14 años en 2014 y que, según la Fiscalía, no había sido localizada anteriormente. Estas indagatorias han derivado en nuevas detenciones y procesos penales.

Claudia Sheinbaum sostuvo que los avances deben sustentarse en elementos verificables y rechazó que las nuevas investigaciones estén basadas en evidencias fabricadas. La mandataria señaló que una llamada telefónica por sí sola no constituye prueba suficiente para una detención y que corresponde a la Fiscalía integrar los elementos necesarios antes de solicitar acciones judiciales.

La investigación permanece abierta. De acuerdo con el Gobierno federal, los nuevos hallazgos son sometidos a análisis pericial y las familias de los estudiantes han recibido información sobre el desarrollo de estas líneas de investigación.