El Gobierno de San Luis Potosí y autoridades federales acordaron fortalecer la atención jurídica dirigida a personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros estatales de reinserción social, mediante una estrategia coordinada para revisar expedientes y ampliar el acceso a servicios de defensa.

La ruta de trabajo fue establecida por la Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el Instituto Federal de Defensoría Pública, con el objetivo de identificar casos que requieran acompañamiento legal y determinar si existen personas que puedan acceder a beneficios contemplados en la legislación.

Entre las alternativas que serán analizadas se encuentra la preliberación, siempre que los expedientes cumplan con los requisitos establecidos por las disposiciones legales correspondientes.

La revisión tendrá cobertura en las cuatro regiones de San Luis Potosí y pondrá especial atención en personas indígenas, adultas mayores y otros casos que, por sus características jurídicas, puedan ser susceptibles de algún beneficio previsto por la ley.

Edgar Valdez Zavala, titular de la Defensoría Pública del Estado, explicó que la coordinación permitirá ampliar el acompañamiento para quienes enfrentan procesos legales y no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar un representante particular.

Como parte de esta estrategia, se dará continuidad a las jornadas de atención que ya se realizan al interior de los centros penitenciarios, donde se brinda orientación y seguimiento a las situaciones jurídicas de las personas privadas de la libertad.

En la reunión de trabajo también participaron Carmen Villa Galarza, titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y Norma Angélica Zárate Santos, responsable del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Las autoridades acordaron mantener mecanismos de colaboración para facilitar la atención de los expedientes y fortalecer las acciones relacionadas con la reinserción social.

La revisión jurídica busca que las personas privadas de la libertad conozcan las alternativas legales disponibles en cada caso y puedan recibir orientación especializada sobre su situación.

Con este esquema, las instituciones estatales y federales pretenden mantener una atención coordinada en los centros de reinserción social y dar seguimiento a los casos que requieran intervención de las defensorías públicas.