El Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece requisitos relacionados con la nacionalidad para quienes aspiren a ocupar algunos de los principales cargos ejecutivos del país.
La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, correspondientes a los requisitos para la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el proceso legislativo, la reforma obtuvo el respaldo de 22 congresos estatales, con lo que se alcanzó el número de aprobaciones requerido para continuar con el procedimiento de modificación constitucional.
Entre las legislaturas que avalaron el decreto se encuentran las de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La reforma establece restricciones relacionadas con la doble nacionalidad para las personas que busquen contender por los cargos ejecutivos señalados, de acuerdo con los nuevos términos incorporados al texto constitucional.
Con la declaratoria emitida por el Senado, concluye una de las etapas del procedimiento previsto para las reformas constitucionales, luego de que la propuesta fuera aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente enviada a las legislaturas locales para su análisis y votación.
El decreto fue remitido al Poder Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente de promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La entrada en vigor dependerá de los términos establecidos en el propio decreto una vez que sea publicado oficialmente. Mientras tanto, otras legislaturas estatales pueden continuar emitiendo sus respectivos pronunciamientos sobre la reforma.
El cambio constitucional forma parte de las disposiciones que buscan establecer requisitos específicos de nacionalidad para quienes pretendan ocupar los principales cargos de representación ejecutiva en los ámbitos federal, estatal y de la capital del país.
