Derivado de las denuncias presentada ayer ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), debido a las cantidades millonarias pagadas con dinero público en contratos de arrendamiento de pipas de agua durante las dos administraciones del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, en donde una de las beneficiarias es la hija del aspirante por el PAN a sucederlo en el 2027, Marcelo de los Santos Anaya, el auditor estatal, Rodrigo Joaquín Lecourtois López anunció el inicio una auditoría especial.
De acuerdo a las denuncias presentadas por un ciudadano, durante el primer periodo de Galindo al frente de la comuna capitalina de octubre de 2021 a agosto de 2022 contrató a Leticia Medina Plascencia los servicios de arrendamiento de pipas de agua potable por 19 millones de pesos, a quien incluso -menciona el texto de la demanda- aun le adeudan 784 mil pesos. Sin embargo, la arrendataria del servicio fue substituida por la empresa “Saserro” a quien le ha pagado 260 millones de pesos en dos años. 
El denunciante acusa que “Saserro” es propiedad de Santiago Rosillo del Pozo, casado con Daniela Santos Pizzuto, nieta del ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga e hija de Marcelo de los Santos Anaya, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de la capital potosina que hoy gobierna Enrique Galindo Ceballos. “Comparado con el anterior servicio la única diferencia es que unas pipas se contrataron por día sin límite de tiempo y el segundo contrato lo hicieron por volumen que solo ellos pueden justificar con vueltas inexistentes”, establece la demanda.
Custionado al respecto, el titular del IFSE mencionó que “lo que corresponde al instituto son los recursos públicos y precisamente lo que se va a hacer, se va a investigar el uso de recursos públicos para que no se utilicen con fines de promoción personalizada que viene siendo un desvío de recursos”, indicó.
Lecourtois López señaló que la denuncia ciudadana también será atendida en la revisión de las cuentas públicas 2026, “se va a atender de forma especial toda vez que se trata de una denuncia, sin embargo, forma parte de nuestras auditorías”, apuntó.
El auditor potosino enfatizó que además de la intervención del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí, el IFSE vigilará con lupa el probable uso de recursos públicos para fines electorales, “lo que vamos a vigilar muy bien, porque el contenido de los mensajes no tiene que ser de ninguna forma de promoción personalizada o electoral o pedir el voto más allá de cualquier cosa, el recurso público es para bienes y servicios de la ciudadanía ¿Para qué? Para informar los logros, las acciones o el trabajo realizado, más no para pedir un voto”, estableció.