Por Redacción Contra Réplica

Imelda Tuñón podría enfrentar hasta 30 años de prisión por caso de Julián Figueroa

El abogado de Maribel Guardia explicó que esa sería la pena mínima prevista para el homicidio si las autoridades determinan responsabilidad; la denuncia también incluye delitos contra la salud.

La denuncia presentada por Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio ya fue ratificada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La defensa de la actriz sostiene que, si las autoridades acreditan responsabilidad por homicidio, la pena podría partir de los 30 años de prisión.

Alonso Beceiro, abogado de Guardia, explicó que el expediente busca esclarecer las circunstancias relacionadas con los medicamentos controlados que Tuñón habría obtenido y suministrado a Julián Figueroa antes de su muerte. La investigación deberá establecer si esas conductas tienen alguna relación jurídica con el fallecimiento del cantante.

El caso tomó un nuevo rumbo después de declaraciones públicas de Tuñón sobre la manera en que conseguía determinados fármacos y el uso que posteriormente hacía de ellos con Julián. A partir de esos señalamientos, la representación legal de Guardia solicitó que se investigaran posibles delitos contra la salud y una eventual responsabilidad por homicidio.

La carpeta de investigación fue abierta en septiembre y contempla también la posibilidad de que se determine si existió una omisión de auxilio ante el estado de salud que presentaba Figueroa antes de morir. La defensa ha planteado esta hipótesis dentro de la investigación, pero hasta ahora no existe una determinación judicial que responsabilice a Tuñón por la muerte.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. En aquel momento se informó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. La nueva indagatoria busca determinar si existen otros elementos que deban ser considerados por las autoridades.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación. Será el Ministerio Público y, posteriormente, un juez, quienes determinen si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas correspondientes.