La diputada María Aranzazu Puente Bustindui busca con una iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental del Estado, que los municipios, a través de sus Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia y en coordinación con la Secretaría de Salud, desarrollen acciones, programas y campañas de prevención y sensibilización sobre el suicidio, así como acciones de identificación inicial, orientación y referencia oportuna, de conformidad con los protocolos, lineamientos y demás instrumentos técnicos que emita la autoridad sanitaria competente.

En su propuesta asienta que la prevención del suicidio requiere una respuesta institucional articulada, pero que la responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal resulta indispensable para establecer criterios técnicos, protocolos y mecanismos de atención, aunque también resulta necesario fortalecer la actuación de las instituciones que mantienen contacto cotidiano y cercano con las personas y sus familias.

Señala que la reforma aprovecha las estructuras institucionales que ya contempla la legislación estatal y precisa una responsabilidad municipal vinculada con la prevención del suicidio, mediante acciones de sensibilización, prevención, identificación inicial, orientación y referencia oportuna.

La diputada Puente Bustindui también propuso adicionar una nueva fracción al artículo 68 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para establecer que el Instituto Potosino de la Juventud tenga entre sus atribuciones el participar, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría de Salud y los 59 ayuntamientos del Estado, en la generación de acciones, programas y campañas de prevención y sensibilización sobre el suicidio.

Además, realizar acciones de identificación de señales de alerta, orientación y canalización oportuna a los servicios de atención correspondientes, de conformidad con los protocolos, lineamientos y demás instrumentos técnicos que emita la Secretaría, dirigidas a la población en general, con especial atención a personas jóvenes.

Añade que con ello, se contribuye a consolidar una actuación institucional coordinada, en la que cada autoridad participe desde el ámbito de sus atribuciones y bajo los criterios técnicos establecidos por la Secretaría de Salud.