La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas contra las prácticas discriminatorias que afectan a las personas migrantes.
La propuesta plantea incorporar dos acciones al catálogo de medidas preventivas a cargo de las autoridades estatales y municipales: promover la cultura de la denuncia ante actos de discriminación e impulsar campañas permanentes de sensibilización para fomentar el respeto, la empatía y la inclusión de quienes se encuentran en condición migratoria.
La legisladora señaló que la movilidad de las personas migrantes puede colocarlas en situaciones de vulnerabilidad frente a prejuicios, estigmatización y conductas discriminatorias que dificultan su integración social y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Explicó que, pese a la protección establecida en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales, persisten barreras estructurales e institucionales que limitan el acceso equitativo a derechos y servicios. Estas situaciones pueden afectar con mayor intensidad a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Otro de los aspectos señalados en la iniciativa es la falta de denuncias ante posibles actos discriminatorios. De acuerdo con la exposición de motivos, algunas personas migrantes desconocen las vías institucionales disponibles para solicitar protección, mientras que otras temen sufrir represalias, extorsiones o detenciones, especialmente cuando se encuentran en situación migratoria irregular.
Ante este panorama, la propuesta busca establecer mecanismos preventivos que permitan informar a la población sobre la importancia de denunciar las conductas discriminatorias y capacitar de manera permanente a las personas servidoras públicas en materia de igualdad y no discriminación.
Las campañas de sensibilización también estarían dirigidas a la sociedad en general, con el propósito de fomentar actitudes de respeto hacia las personas migrantes y contribuir a la construcción de entornos más incluyentes.
La iniciativa pretende complementar las disposiciones existentes en la legislación estatal sin duplicar las medidas compensatorias contempladas en el artículo 10 de la propia ley.
Finalmente, el proyecto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde será analizado para la elaboración del dictamen correspondiente. Por ahora, las medidas propuestas no constituyen obligaciones legales adicionales vigentes.