Por Redacción Contra Réplica

Documentos oficiales confirman renuncia de Fernando Gámez Macías a la Procuraduría Urbana en 2024

Registros administrativos del Gobierno de San Luis Potosí indican que el actual diputado local formalizó su salida del cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo, en medio de una controversia política con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

La renuncia de Luis Fernando Gámez Macías a la titularidad de la Procuraduría Urbana de San Luis Potosí quedó formalizada en febrero de 2024, de acuerdo con cuatro documentos administrativos que respaldan su separación del cargo. Los registros establecen que el entonces funcionario presentó su dimisión el día 29 de ese mes, con efectos a partir del 1 de marzo.

Entre los documentos se encuentran la carta de renuncia, un memorándum de la Secretaría General de Gobierno (SGG), un aviso preventivo de suspensión de pago y el formato oficial de movimiento de personal. En conjunto, los registros señalan que la baja se procesó por renuncia voluntaria, sin consignar otra causa para su salida.

En el escrito dirigido al entonces secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, Gámez Macías manifestó que dejaba el puesto por convenir a sus intereses. La solicitud fue turnada a la Dirección General Administrativa mediante el memorándum SGG/0527/2024, firmado por Mariana Cervera Rodríguez, entonces directora general técnica del despacho del secretario.

La documentación cobra relevancia ante los señalamientos atribuidos al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sobre la trayectoria del legislador dentro de la administración estatal. Los registros administrativos aportan elementos para precisar la fecha y el procedimiento de su separación de la Procuraduría Urbana.

La disputa política también incluye cuestionamientos sobre presuntos pagos del Ayuntamiento a personas relacionadas con el Partido Acción Nacional (PAN), cuya participación efectiva en funciones municipales ha sido puesta en duda. Sin embargo, la información presentada no acredita por sí misma la existencia de irregularidades.

Ante estos señalamientos, Gámez Macías propuso realizar una auditoría especial y promover un juicio político contra el alcalde, con el propósito de esclarecer el uso de recursos públicos. Así, la controversia mantiene abiertos dos frentes: la situación administrativa del diputado y la revisión de posibles pagos irregulares en el gobierno municipal.