La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) se integró a un mecanismo de coordinación interinstitucional para fortalecer la protección de las mujeres en San Luis Potosí, mediante un convenio firmado junto con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, participó en la firma del acuerdo realizada en las instalaciones de Semujeres, dependencia encabezada por Roxana Hernández Ramírez.
El convenio establece las bases para que las instituciones participantes trabajen de manera coordinada en el desarrollo de planes, programas, formatos, indicadores y sistemas que permitan dar seguimiento a las órdenes de protección emitidas en favor de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Además, contempla mecanismos para revisar los avances de cada institución y evaluar las acciones emprendidas, con el propósito de fortalecer los procedimientos de atención y contribuir a que las medidas de protección tengan un seguimiento adecuado.
El documento también fue suscrito por la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
La participación de estas instituciones busca mejorar la comunicación y la colaboración entre las áreas encargadas de prevenir, atender e investigar la violencia contra las mujeres, así como aquellas responsables de los procedimientos judiciales correspondientes.
En este contexto, la incorporación de la SSPC permitirá fortalecer la coordinación en materia de seguridad y contribuir al seguimiento de las medidas destinadas a proteger a las víctimas.
De acuerdo con lo establecido en el convenio, las acciones estarán orientadas a mejorar la respuesta institucional y revisar los resultados de las estrategias implementadas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
Con este mecanismo, las dependencias involucradas buscan establecer procedimientos de seguimiento y evaluación que permitan identificar avances y fortalecer la atención de los casos, con énfasis en la protección de las mujeres que requieren medidas de seguridad.
La coordinación entre las instituciones será fundamental para dar continuidad a las órdenes de protección y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia, mediante el trabajo conjunto de las autoridades estatales.
