La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso de San Luis Potosí aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y municipales a reforzar las revisiones de seguridad e infraestructura vial antes de abrir al tránsito calles y avenidas que hayan sido intervenidas mediante obras públicas.

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la comisión, explicó que la propuesta fue presentada por el legislador Cuauhtli Badillo y contempla solicitar la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), las dependencias responsables de obra pública de los 59 ayuntamientos, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las direcciones municipales de Policía Vial y Tránsito.

El objetivo es que estas instancias elaboren e implementen de manera coordinada un Protocolo Obligatorio de Inspección Técnica y Auditoría de Seguridad Vial, con procedimientos que permitan verificar las condiciones de las vialidades antes de su apertura, habilitación o recepción formal.

Entre los requisitos propuestos se encuentra la emisión de un Dictamen Previo de Liberación e Integridad Vial, firmado por las autoridades técnicas, viales y de Protección Civil competentes. Este documento funcionaría como condición previa para poner en operación cualquier calle o tramo urbano que haya sido objeto de construcción, reencarpetado, pavimentación o mantenimiento.

Las inspecciones deberán considerar aspectos como el balizamiento, la señalización preventiva conforme a las normas oficiales aplicables, la nivelación de la carpeta asfáltica y las condiciones de iluminación, con la finalidad de identificar posibles deficiencias que representen riesgos para automovilistas, ciclistas y peatones.

Lara Rocha señaló que la revisión previa permitiría detectar fallas técnicas antes de que las vialidades sean abiertas a la circulación y reducir la posibilidad de accidentes relacionados con deficiencias en las obras.

La exposición de motivos advierte que la falta de coordinación entre instituciones y la ausencia de procedimientos estrictos de inspección pueden generar consecuencias para la población. Por ello, plantea establecer criterios comunes de verificación y dictámenes de seguridad antes de entregar o habilitar las vialidades intervenidas.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación. El exhorto todavía deberá seguir ese procedimiento legislativo para determinar su aprobación definitiva.