El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido por autoridades estatales y enfrenta dos órdenes de aprehensión relacionadas con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad, realizado en abril pasado.
La primera orden fue ejecutada la mañana del sábado por policías estatales. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua le atribuye los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con posibles omisiones en la cadena de mando y el incumplimiento de protocolos durante el operativo efectuado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, entre el 17 y el 19 de abril.
Por la noche, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una segunda orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el exfuncionario presuntamente permitió la participación de personal extranjero en territorio nacional sin autorización de las instancias federales correspondientes.
La investigación federal incluyó más de 100 actos ministeriales y se centra en la intervención de dos agentes estadounidenses en el operativo antinarcóticos. De acuerdo con la FGR, las autoridades estatales no tenían facultades para autorizar la participación de personal extranjero en acciones que corresponden a instancias federales.
El caso se originó tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en El Pinal, donde participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y agentes de la CIA. Después del operativo, un accidente vehicular provocó la muerte de dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses.
La presencia de los agentes extranjeros derivó en cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como sobre los procedimientos legales aplicables a operaciones de seguridad en territorio mexicano. El caso también generó diferencias entre el gobierno federal y la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Tras su detención, Jáuregui permaneció bajo jurisdicción estatal en espera de la audiencia inicial. Su defensa solicitó aplazar la diligencia para revisar la carpeta de investigación, integrada por ocho tomos y anexos con tres terabytes de información. El juez concedió la petición y reprogramó la audiencia.
Con las investigaciones estatal y federal en curso, el exfiscal deberá responder a las imputaciones correspondientes ante las autoridades judiciales. Las acusaciones se encuentran sujetas al desarrollo de los procedimientos legales y a las determinaciones que emitan los jueces competentes.
