El cinismo con el que el alcalde Enrique Galindo Ceballos admitió que sí tenía en la nómina municipal al dirigente estatal del PAN, Carlos Enrique Dahud Uresti abre las puertas para que, desde el Congreso del Estado, se configure el Juicio Político y de responsabilidades por faltas administrativas graves por daño al patrimonio municipal, lo que derivaría en la destitución, inhabilitación y multas al presidente municipal capitalino.
La “renuncia” a la nómina municipal del dirigente albiazul no extingue la consumación del presunto delito. Habrá que ver desde cuando Enrique Dahud estuvo cobrando en el Ayuntamiento para ver la gravedad del daño a la hacienda municipal que se nutre del dinero de las y los capitalinos.
Galindo luce desesperado. Cuando se le cuestionó sobre la inclusión del dirigente del PAN en la nómina municipal, fúrico reaccionó como un vulgar pandillero y prácticamente retó a “echarse un tiro” en cualquier esquina al presidente del Congreso del Estado, quien previamente había colocado las banderillas en lomos del burel.
Guardando toda proporción en la analogía, con cinismo desmedido admitió como lo hiciera un homicida confeso: Sí, lo hice, pero no es delito.
A la par, a Galindo seguramente la ciudadanía lo cobrará factura ante el despilfarro de recursos públicos en favor de sus aspiraciones políticas. Recientemente gastó millones de pesos para en una plaza pública hacer públicas sus aspiraciones a la Gubernatura el año que viene; ahora, sale a la luz esta “aviaduría” cuyo beneficiario es la cabeza de uno de los partidos políticos por los que pretende contender.
Pero también los priistas habrán de juzgarlo. Pese a que hace cinco años vendió la idea de que su administración municipal sería un gobierno de coalición, al PRI no le otorgó ni una sola Dirección de Área, pero sí colmó su administración de perfiles azules con representación en los órganos de decisión interna partidista que luego ha usado para apropiarse de Acción Nacional en San Luis Potosí.
Al PRI, al contrario, al no conseguir las posiciones que pretendía en el Consejo Político Estatal intentó dinamitarlo, incluso, declaró públicamente que era el peor PRI que había visto en la historia, lo que derivó en un proceso de expulsión que se consumó y el resto de la historia es ya conocida, un tricolor moribundo que trata de asirse a lo que sea para conservar su registro y se tienen que tragar los agravios vertidos por el “alcalde viajero” y sus zalameros carreristas que le acompañan y lo adulan a diario alimentando la egolatría de quien se obstina en sobrevivir con esa ilusión.
Pero la historia continúa. Además de la auditoría especial que ya fue pedida al Instituto de Fiscalización Superior del Estado sobre el uso ilegal e irresponsable de la nómina municipal con fines evidentemente electorales, a Galindo le espera un largo proceso para justificar 450 millones de pesos en irregularidades detectadas a su cuenta pública 2025, más otros 200 millones de pesos al Interapas, organismo del cual es presidente del Consejo de Administración.
Hologramas
AGRESIÓN. - Todavía resuena la monumental mentira que con motivo del Día de la Libertad de Expresión vertió el alcalde Enrique Galindo que tras autoproclamarse defensor de las y los periodistas. Tal escena dantesca viene a colación por la actitud agresiva que tuvo la presidenta del DIF Municipal, su esposa, ante una reportera que intentaba entrevistarla y sólo recibió actitudes altaneras por parte de la senadora suplente. Dicen que durante estos cinco años de administración, la presidenta del DIF Municipal de la capital ha superado con creces la soberbia y altanería de María Luisa Ramos Segura, esposa del entonces gobernador priista Fernando Toranzo Fernández y eso, ya es decir mucho.
AMBICIÓN FAMILIAR. - La ambición de la familia Galindo-Arriaga no tiene límites. Desde hace unos días circula una encuesta de la empresa Masive Caller donde coloca como principal prospecto para la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Villa de Pozos al junior Sebastián, hijo de Galindo y por el PRI a Maribel Lemoine quien fue su síndica en su primer periodo, luego concejal regidora en el naciente municipio que fue destituida por impulsar el auto pago de un bono navideño, la misma que, por cierto, renunció al PRI luego que se supo que tenía como ”aviador” a su hijo en la anterior dirigencia donde entre los mandamases estaban el actual director de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano y el ex regidor galindista, Elías Pesina.